Democracia o privilegios

Por Carlos del Frade. La Caja del Seguro Mutual es una construcción colectiva de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Pero como sucede en distintas instituciones que deberían ser de todos, también en la Caja se verifica la realidad patas arriba. Lo de todos termina siendo el privilegio de unos pocos. A casi veintisiete años de la recuperación de la democracia, hay ciertos nichos de poder económico que no están democratizados en el segundo estado de la república. 

La Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado está regida por la ley 9816, del 30 de diciembre de 1985, y su texto fue actualizado por la ley 12.057. Se la conoce como la Caja del Seguro Mutual y su raíz contemporánea está en aquellos primeros años de la democracia recuperada, durante la gestión del gobernador José María Vernet, ex contador de la otrora poderosa Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. Fue la matriz institucional del esquema del reparto de los factores de poder y distintas cajas que hizo la conducción política del estado santafesino. Porque la Caja del Seguro Mutual es, de manera rústica, ni más ni menos que eso, una fenomenal caja. Un factor de poder en si mismo. Discutir su dirección, su administración es debatir qué tipo de estado habrá en Santa Fe en la segunda década del tercer milenio. El artículo primero de aquella ley decía que esta caja “es una entidad de derecho público, no estatal, a la que por esta ley se le acuerda personería jurídica, que administra el régimen del seguro mutual aplicable en caso de fallecimiento o incapacidad del asegurado y demás beneficios de acuerdo con lo normado en la presente ley, como asimismo los que por ley se instituyan en lo sucesivo, destinados a atender las necesidades económicas y sociales de los afiliados y conforme con los principios del derecho de la seguridad social y del mutualismo”. Y había tres tipos de afiliados, los obligatorios (los empleados permanentes de la administración pública provincial y los jubilados); los optativos y los adherentes. Un cuarto de siglo después, la Caja del Seguro Mutual funciona como un fenomenal mecanismo a favor de los intereses de una forma de entender el sindicalismo y la política en la provincia de Santa Fe.


La Caja es un símbolo del poder de la UPCN pero más que de sus afiliados y trabajadores, parece ser uno de los resortes básicos del poder del ex diputado provincial, Alberto Maguid. Porque la cuestión no es un problema individual o personal, si no los intereses que representan esos nombres de la dinámica social contemporánea. Maguid es mucho más que su propia historia, es el nombre de una manera de hacer gremialismo y política desde los estados provinciales hace más de treinta años.

Cuando la película de la realidad repite los actores, en realidad lo que se reitera es el guión. Y ahí está la cuestión, en el rol cotidiano de todos y cada uno de los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. Pasivos espectadores del privilegio de unos pocos que deberían vivir igual que todos y cada uno de ellos, cosa que, en definitiva, no sucede. Las denuncias de gremios como ATE y AMSAFE señalan con claridad que desde hace cuatro años no hay informes sobre la memoria y el balance de la Caja que mueve alrededor de 110 millones de pesos por año. Mucho dinero que es de todos los trabajadores estatales santafesinos pero cuyo destino es ignorado por los casi 130 mil afiliados. ¿Por qué esa ausencia de información?. Porque no se quiere informar. Porque después de tantos años de democracia lo público sigue siendo propiedad privada de algunos.

Privilegios obscenos: “El directorio de la Caja conserva la particular facultad de fijarse su propio “salario”. Vale recordar las denuncias durante años de ATE y AMSAFE sobre los SUELDOS de 10.000 pesos (Maguid 6.800 pesos) cuando el Hospital Agudo Ávila recibía 5.000 por mes para su funcionamiento y un estatal cobraba 450 pesos”, dicen los dirigentes opositores. La historia contemporánea de la Caja del Seguro Mutual es paralela a la crónica de intereses que manejan otros lugares de poder como la fiscalía de estado, la Caja de Jubilaciones, el IAPOS y las distintas direcciones y entes de control a los que todavía no parece haber alcanzado la necesidad de la transparencia. De allí que las elecciones del próximo 24 de agosto la opción sea entre democracia o privilegios. Una pelea en la que los trabajadores estatales también deberán definir si son meros espectadores de la película de siempre o protagonistas de algo nuevo y mejor para sus propias familias y existencias. De eso se trata, nada menos, las elecciones de autoridades en la Caja del Seguro Mutual de la provincia de Santa Fe.